divendres, 27 de maig de 2011

Un Plan de Igualdad de Género regirá a las entidades de la discapacidad del Tercer Sector


Durante la reunión del Comité Ejecutivo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se ha aprobado el Plan de Igualdad de Género para entidades de la discapacidad del Tercer Sector, para que asegure políticas específicas, mecanismos institucionales, así como programas y medidas interseccionales de acción, para superar la falta de equidad y las barreras que actualmente impiden que las mujeres con discapacidad participen plena y equitativamente en la sociedad.


El objetivo es buscar un compromiso firme y estable con todas las entidades de discapacidad del Tercer Sector, “ya no sólo por la defensa de la no discriminación interseccional por razón de discapacidad y sexo, sino por la verdadera necesidad de impulsar un cambio político que convierta los sutiles avances que hemos venido provocando en relación con la igualdad entre la mujer y el hombre, en sólidas prácticas de igualdad para todos y todas, que sirvan para luchar contra la discriminación múltiple contra las personas basada en desigualdades estructurales”.

Esta propuesta del Cermi “no sirve para beneficiar sólo a las mujeres de nuestras organizaciones, sino que forma parte de una apuesta más amplia a favor de la sostenibilidad social y de la calidad de vida de las personas con discapacidad, de sus familias y de las personas involucradas directamente en sus estructuras organizativas”.

Así, con el objetivo de estimular el cambio y obtener progresos en las entidades de la discapacidad, el Cermi plantea a éstas una serie de acciones en torno a las cuatro áreas prioritarias, definidas en la Carta de la Mujer de Naciones Unidas, como: igual independencia económica, salario igual a trabajo de igual valor, igualdad en la toma de decisiones, y dignidad, integridad y fin de la violencia existente.

En cuanto a la igual independencia económica, la plataforma plantea a las entidades de la discapacidad, que actúen para garantizar el fomento y la promoción del empleo en las mujeres con discapacidad en los sectores estratégicos de desarrollo, así como de ayudas económicas para la eliminación de barreras e incorporación de adaptaciones para el hogar en viviendas de alquiler o antiguas; y el impulso de programas de orientación y capacidad financiera que permitan a las mujeres con discapacidad que mejoren su situación económica.

Otra acción que señala, en este sentido, es establecer un diálogo social estructurado que permita a este grupo social intercambiar experiencias y contribuir a superar las situaciones de pobreza, ofreciendo ejemplos concretos de las mejores prácticas.

En relación a un salario igual a un trabajo de igual valor, el Comité idea impulsar la incorporación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral a través de subvenciones dirigidas a fomentar el empleo estable y de calidad; animar y apoyar a este grupo a buscar empleos con salarios y condiciones laborales dignas; apoyar a las madres con discapacidad o a las madres de hijos e hijas con discapacidad en la búsqueda y consolidación de un empleo; e impulsar el desarrollo de medidas para promover mujeres con discapacidad emprendedoras.

En materia de igualdad en la toma de decisiones, pide una sensibilización en las organizaciones sobre la necesidad de desarrollar medidas que garanticen la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades con los hombres; o adoptar una representación paritaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones de sus estructuras orgánicas.

También considera que debe haber una revisión y actualización de estatutos, reglamentos y normativa interna en la organización para asegurar la no discriminación e igualdad de oportunidades de sus miembros; al mismo tiempo que pide que se incorpore información sobre la situación de este grupo, así como el análisis de su participación social y política en la vida de la organización.

En cuanto a la dignidad, integridad y fin de la violencia existente de las mujeres con discapacidad, propone que se proporcione la formación adecuada sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso; desarrollar sistemas de detección precoz de estos casos; y ofrecer formación y asesoramiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, pide el desarrollo de programas que garanticen el apoyo necesario para las mujeres con discapacidad embarazadas; y medidas de sensibilización, información y formación sobre el riesgo de esterilización forzosa o aborto coercitivo.

El Plan de Igualdad de Género para Entidades de la Discapacidad del Tercer Sector también indica que para contribuir a la igualdad es necesario fomentar los roles no discriminatorios en todos los ámbitos de la vida, como la educación, la promoción profesional, el empleo o el deporte.

Otro aspecto que destaca es la interlocución política, con el objetivo de dar respuesta adecuadamente a la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad. Para ello, propone un seguimiento activo de todas las políticas que, en materia de género o discapacidad, se puedan desarrollar desde las administraciones públicas, y la elaboración de informes sobre su situación proponiendo medidas que favorezcan su no discriminación.

Por último, el Plan hace referencia a la gobernanza y herramientas de la igualdad, proponiendo la creación de comisiones de mujeres en el seno de las organizaciones para fortalecer el diálogo continuo sobre temas prioritarios para este grupo social; el fortalecimiento de la Red Estatal de Mujeres con Discapacidad del Cermi; y la organización de encuentros periódicos de mujeres con discapacidad.