Las farmacias valencianas cerrarán el 29 de junio en protesta por los decretos que amenazan su viabilidad y miles de empleos

15 de junio de 2010. Los farmacéuticos valencianos decidieron ayer en Asamblea Extraordinaria realizar un cierre el próximo 29 de junio, acompañado de una concentración, en protesta por los Decretos promulgados por el Gobierno (RDL 4/2010 y RDL 8/2010). El cierre coincide con el aprobado por los farmacéuticos de Alicante la semana pasada, mientras que los de Castellón lo decidirán esta misma noche en asamblea, que por lo que ese día todas las farmacias de la Comunidad Valenciana se movilizarán en señal de protesta.
Por otro lado, la Asamblea ha quedado abierta para el seguimiento de las medidas y el es-tudio permanente de los efectos de la crisis en las oficinas de farmacia y se ha creado la comi-sión “Por la salud y los ciudadanos”, en la que estarán integradas las asociaciones de pensio-nistas, de pacientes, consumidores y usuarios, la Universidad, Unión Sanitaria y cualquier otro colectivo que pueda aportar soluciones para la crisis en general y de la farmacia en parti-cular.
Los farmacéuticos denuncian que los decretos ponen en grave riesgo de desaparición a centenares de farmacias y la destrucción de 2.000 empleos en la Comunidad Valenciana. El último Decreto 8/2000 obliga a las oficinas de farmacia a realizar un descuento obligatorio del 7,5% al Sistema Nacional de Salud en la facturación de los medicamentos, un descuento que se suma a la aportación de una parte importante de sus ingresos que están obligadas a realizar desde el año 2000, también por decreto.
Por otra parte, las oficinas de farmacia se ven afectadas periódicamente por todo tipo de medidas de racionalización del gasto, como los precios de referencia, el recorte de los precios de los medicamentos genéricos realizada en el anterior decreto o los descuentos en productos sanitarios, además de afrontar la continua exigencia de modernización de sus instalaciones.
Aunque los efectos de esta medida los van a sufrir todas las farmacias, será especialmente grave en las pequeñas, ubicadas en la periferia de las ciudades o en poblaciones rurales, lo que dejará desprotegidos a los ciudadanos con mayor dependencia que habrán de hacer largos desplazamientos para conseguir su medicación.
Esta medida, que se aplicará también a los laboratorios y a la distribución, supondrá una aportación total de 1.300 millones de euros anuales, a los que hay que sumar los 1.500 millo-nes del anterior Real Decreto-ley aprobado hace dos meses. Es decir, que el 20% del coste económico de todas las medidas contra la crisis recaerá sobre el sector farmacéutico, lo que consideran injusto, desproporcionado y discriminatorio estas organizaciones profesionales.
Los farmacéuticos protestan además porque 15 días después de entrar en vigor el decreto, todavía se desconoce cómo debe aplicarse, lo que les deja en un estado de total indefensión.