dimarts, 25 de maig de 2010

COMUNICADO DE PRENSA


Los Colegios y las organizaciones empresariales farmacéuticas de la Comunidad Valenciana consideran inaceptable y desastroso el nuevo descuento obligatorio del 7,5% de la facturación de las farmacias al Sistema Nacional de Salud

Desde el año 2000, las oficinas de farmacia ya devuelven por decreto al Servicio Nacional de Salud una parte importante de sus beneficios, al que hay que sumar este nuevo descuento obligatorio, las sucesivas rebajas en el precio de los medicamentos y los impuestos que pagan como cualquier ciudadano. El coste en puestos de trabajo será elevado.


Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las organizaciones patronales de la Comunidad Valenciana consideran inaceptables y desastrosas, social y económicamente, las nuevas medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que obligan a las oficinas de farmacia a realizar un descuento obligatorio del 7,5% al Sistema Nacional de Salud en la facturación de los medicamentos, un descuento que se suma a la aportación de una parte importante de sus ingresos que están obligadas a hacer desde hace 10 años, también por decreto.
Por otra parte, las oficinas de farmacia se ven afectadas periódicamente por todo tipo de medidas de racionalización del gasto, como los precios de referencia, el recorte de los precios de los medicamentos genéricos realizada en el anterior decreto o los descuentos en productos sanitarios, además de afrontar la continua exigencia de modernización de sus instalaciones.
Este nuevo descuento, a juicio de los representantes de los farmacéuticos, “pone al borde de la quiebra a centenares de farmacias y ratifica la pérdida de muchos puestos de trabajo prevista tras las anteriores medidas de recorte. Sencillamente, el Modelo Mediterráneo de Farmacia ya no puede más y ha recibido quizá la puntilla definitiva a su supervivencia”.
“Lo peor –insisten–, es que, aunque los efectos de esta medida los van a sufrir todas las farmacias, será especialmente grave en las pequeñas, ubicadas en la periferia de las ciudades o en poblaciones rurales, lo que dejará desprotegidos a los ciudadanos con mayor dependencia que habrán de hacer largos desplazamientos para conseguir su medicación”.
Esta medida, que se aplicará también a los laboratorios y a la distribución, supondrá una aportación total de 1.300 millones de euros anuales, a los que hay que sumar los 1.500 millones del anterior Real Decreto-ley aprobado hace menos de un mes. Es decir, que el 20% del coste económico de todas las medidas contra la crisis recaerá sobre el sector farmacéutico, lo que consideran injusto, desproporcionado y discriminatorio estas organizaciones profesionales.
Los representantes de los farmacéuticos están elaborando ya un informe sobre el alcance económico y social de esta nueva medida y van a convocar a sus asambleas para adoptar las medidas de protesta oportunas contra esta decisión.