dijous, 29 d’abril de 2010

Una lista recogerá los comercios que etiquetan en braille


El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a crear un registro con los establecimientos comerciales que ofrezcan sus productos etiquetados en braille y a publicitarlo periódicamente con las actualizaciones correspondientes para que puedan conocerlo los ciegos.



La Cámara Baja hizo este mandato al Ejecutivo mediante una proposición no de ley de Esquerra Republicana que quiere, además, que las páginas web de venta electrónica de los establecimientos que ofrecen productos con etiquetado en braille incluyan la opción de poder solicitar este tipo de etiquetado a los consumidores que lo necesiten.


La iniciativa, aprobada en la Comisión de Discapacidad del Congreso, aboga igualmente por que las farmacéuticas incluyan en braille, además del nombre del medicamento, su fecha de caducidad.


MACROENCUESTA
En la misma comisión se aprobaron otras proposiciones no de ley entre las que figura una del PSOE que insta al Gobierno a efectuar una nueva macroencuesta sobre violencia de género que tenga en cuenta e incluya preguntas específicas referidas a la situación de discapacidad de las víctimas de esta violencia, así como otras cuestiones que analicen todas las circunstancias que han llevado al agresor a cometer malos tratos.


La Comisión de Discapacidad dio también luz verde a otra iniciativa del Grupo Mixto que apuesta por que el Estado formalice contratos públicos sólo con las empresas que cumplen con la reserva de empleo para personas con discapacidad o con sus medidas alternativas.


Concretamente, la propuesta pide al Ejecutivo que en seis meses promueva las medidas necesarias para que el Estado ponga como requisito para la adjudicación de contratos públicos y para la concesión de subvenciones, que las empresas licitantes, colaboradoras o beneficiarias acrediten previamente el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad, el de las medidas alternativas de carácter excepcional, o que se encuentran dentro de los supuestos que amparan la exención legal de dicho cumplimiento".


En la misma sesión de trabajo, la Comisión de Discapacidad aprobó otra proposición no de ley de CiU en la que solicita al Gobierno a estudiar la ampliación de las plazas reservadas para sillas de ruedas autónomas en los trenes de alta velocidad y a impulsar el estudio del aspecto tarifario de los asistentes personales "para aquellos casos estrictamente necesarios" porque las personas con discapacidad no puedan desplazarse de forma independiente.


Por último, se dio el visto bueno también a otra iniciativa del PP que pide al Ejecutivo que revise la norma básica de protección civil para que recoja las necesidades de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia y desastres naturales y se adapte así a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.