dimarts, 9 de febrer de 2010

El rastro letal del amianto

Un goteo constante de enfermos pulmonares. Eso es lo que queda del amianto en Cerdanyola, Ripollet y algunos pueblos colindantes, en la provincia de Barcelona. Un par de diagnósticos un mes. Otro al siguiente. Así hasta cerca de 35 al año. Son la herencia que ha dejado la fábrica de amianto que Uralita tenía en la zona y que, según un estudio médico, multiplica por 47 la probabilidad de desarrollar un cáncer mortal como el mesotelioma. También destaca un notable incremento de casos de cáncer de pulmón, asbestosis o derrames pleurales, entre otros. En total, el estudio localiza 149 casos de enfermedades mortales.

Vivir ahora en estas localidades no supone ningún peligro. Uralita, que defiende que siempre ha cumplido la normativa vigente, cerró su planta en 1997. Sin embargo, los enfermos seguirán apareciendo a este ritmo hasta 2020, porque muchos llevan el veneno dentro desde hace lustros, pero aún no se ha manifestado. Uno de cada tres afectados, nunca pisó la fábrica.

Josep Tarrès, neumólogo, es el responsable del estudio. Lleva toda la vida viendo en la consulta de Cerdanyola un vía crucis de afectados por el amianto, una sustancia ahora prohibida, pero que hasta 2002 se utilizaba masivamente para aislar, fabricar tuberías, transformadores... Las fibras microscópicas de este material, al inhalarlas, se incrustan en los pulmones. Permanecen ahí décadas, y las enfermedades que causan pueden no manifestarse hasta 20 o 40 años más tarde. "Mi interés en documentar los efectos surgió puramente de la necesidad", cuenta Tarrès. Es de Barcelona, pero llegó a Cerdanyola con el título de médico aún caliente bajo el brazo. "Y empecé a ver una patología de la que había muy poco escrito. Así que me decidí a registrarlo todo en un cuaderno", recuerda. En 2000 decidió iniciar un estudio serio sobre el tema, junto a especialistas de centros de atención primaria y el hospital de la zona. "Se trataba de estudiar la zona cero del amianto", dice. Los últimos resultados disponibles de la investigación -que sigue en marcha financiada por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol, la Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia- han sido publicados en la revista Archivos de Bronconeumología, de la Sociedad Española de Neumología.

La gran aportación de Tarrès es que pone, al fin, cifras concretas a la herencia envenenada del amianto. Se sabía el daño que causan las fibras del mineral, pero hasta ahora nadie había estudiado tan a fondo sus efectos sobre una población. "La fábrica supuso un factor de riesgo importante para enfermedades relacionadas con el amianto para los trabajadores y la población cercana". Mientras que lo habitual es que en una población no afectada aparezcan 10 casos al año de enfermedades relacionadas con el amianto por millón de habitantes, en el área de Cerdanyola se dan 95. En la más letal de ellas, el mesotelioma, la tasa pasa de entre uno y tres casos por millón, hasta los 47.

Además, un tercio de los afectados son ambientales: enfermaron por inhalar las fibras de amianto que flotaban en la calle o las que llegaban a los hogares de los trabajadores en su ropa. Esto explica que las mujeres e hijos de los antiguos empleados son uno de los colectivos más afectados.

A varios trabajadores de Uralita los juzgados les han dado la razón, a pesar de que la empresa se ampara en que sólo hacía lo que la ley permitía. Han logrado indemnizaciones, no sólo en Cerdanyola, sino también en Getafe (Madrid). Pero a los afectados ambientales, hasta ahora no. La Asociación de Víctimas del Amianto de Cerdanyola y Ripollet se agarra a los datos de Tarrès como a un clavo ardiendo. En mayo irán a juicio contra Uralita, de la mano del despacho Roca i Junyent. Le piden cinco millones de euros. Declararán en el juicio los alcaldes de Ripollet, Juan Parralejo, y Cerdanyola, Antoni Morrall. "No buscamos hacernos ricos, sino dignidad y una compensación, para que, cuando la enfermedad avance, podamos pagar la ayuda que necesitaremos", dice una portavoz de la asociación.

De los 559 pacientes con los que se realizó el estudio hasta 2007, ahora se ha pasado a cerca de 900. "Hoy mismo me han llegado los informes de tres pacientes más", apunta Tarrès. Muchos se enteran por casualidad. Como Mercé Duran. A ella le diagnosticaron hace 10 años, cuando le fueron a realizar una operación rutinaria. Cuando el médico vio su placa de tórax, le dijo que tenía afectada la pleura. Le preguntó dónde vivía. "Le contesté que en Cerdanyola, pero que no tenía importancia, porque nunca trabajé en la fábrica", recuerda. Pero el problema de Mercé, de 59 años, es que vivía al lado. "Cuando hacía viento, se levantaba el amianto que había por toda la calle y la ropa tendida se llenaba de polvillo blanco. Antes de poner las sábanas, las sacudíamos, y ya está", recuerda con amargura. Estará en el juicio de mayo.

Rosa Frisach trabajó en la fábrica. Se ha tenido que jubilar y le ha quedado una pensión de 600 euros. Tiene la enfermedad laboral reconocida. La minusvalía no, ya que asegura que por problemas burocráticos e interminables listas de espera médica no lo ha conseguido aún. "Pensé en hacerme un seguro privado para agilizar las pruebas, pero en ninguno me quieren", explica. Tampoco puede pedir un crédito si la cantidad es importante, porque exigen un seguro de vida que nadie le quiere hacer.