Los dependientes sabrán en seis meses qué ayuda recibirán

Las comunidades autónomas se han comprometido a valorar y, por tanto, a dictaminar en un plazo máximo de seis meses los servicios o prestaciones que deben recibir las personas dependientes, de manera que desde que la Administración registre la solicitud del ciudadano hasta que la resuelva no podrá pasar más de medio año.

Así lo explicó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, tras presidir el Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, reunión en la que se acordó también que el plazo máximo de espera para valorar a los menores de tres años será de 30 días.
Del mismo modo, Gobierno y comunidades aprobaron otro acuerdo por el que se obligará al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a evaluar una vez al año a los cuidadores informales de personas dependientes para garantizar que tanto ellos como el entorno del beneficiario siguen siendo aptos para el cuidado del dependiente.
Con respecto al plazo máximo de seis meses que deberá pasar desde que el ciudadano registra la solicitud para ser valorado hasta que recibe el dictamen de esa valoración, la ministra dijo que es "un primer paso" para agilizar los trámites donde son todavía lentos, pero reconoció que no se ha determinado aún el tiempo máximo que deberá transcurrir desde que el beneficiario tenga en su mano el dictamen hasta que reciba los servicios o prestaciones reflejados en él.
Dentro de este mismo punto, Jiménez explicó que las comunidades autónomas que tengan establecido el proceso de valoración y de concesión de ayudas en dos pasos deberán acogerse igualmente al plazo máximo de seis meses para dictaminar las ayudas o prestaciones que habrá de recibir el beneficiario, pero que tendrán que dictaminar su grado y nivel de dependencia en tres meses.
En la misma línea, subrayó que los menores de tres años que deban ser valorados dentro del SAAD habrán de recibir el dictamen en un plazo máximo de 30 días, de forma que los progenitores puedan ampliar sus permisos de paternidad o maternidad o de los correspondientes subsidios por esta razón si así lo necesitan.
CUIDADORES INFORMALES
En cuanto al acuerdo alcanzado con respecto a la evaluación de los cuidadores informales, Jiménez indicó que se realizará una vez al año con el fin de comprobar aspectos tales como si estos cuidadores siguen estando en forma física y psicológica para seguir haciéndose cargo de personas dependientes.
Igualmente, prosiguió, el examen revisará el domicilio del beneficiario de la ley para ver que continúa siendo apto para alojarle.
Se trata, aseguró, de dotar de "mayor calidad" a esta prestación, que actualmente reciben 280.000 beneficiarios de la ley, aunque sólo 101.000 cobran por ello de la Seguridad Social.
Por último, el Consejo Territorial de Dependencia acordó actualizar las prestaciones económicas del SAAD para 2010, en función del incremento del IPC, que fue entre noviembre de 2008 y el mismo mes de 2009 de un 0,3%.
En la misma línea, Gobierno y comunidades aprobaron incrementar en un uno por ciento, tal y como prevén los Presupuestos Generales del Estado de este año, el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del SAAD.
Según recordó Jiménez, a 1 de enero de 2010 había un total de 743.096 personas a las que se les había reconocido ya el derecho a recibir un servicio o prestación del sistema de dependencia, y de ellas, 485.526 ya lo están recibiendo.
En este sentido, la titular de Política Social subrayó que de las más de 480.000 personas que reciben ya un servicio o prestación, casi 290.000 se incorporaron al SAAD el año pasado, lo que significa que de cada cinco personas que cuentan con alguna ayuda de este sistema, tres lo hacen desde 2009.