dijous, 19 de febrer de 2009

Europa expedienta a España por no dar fármacos gratis a los jubilados extranjeros


La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum contra España por impedir el acceso gratuito a los medicamentos a los jubilados de otros países de la UE que se encuentran de vacaciones en España. Esta discriminación, según Bruselas, vulnera la normativa comunitaria sobre los derechos en materia de seguridad social de las personas que viajan por Europa.

El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
"Hemos actuado para garantizar que los turistas de los otros países de la UE gocen de los mismos derechos que los residentes", ha señalado el comisario responsable de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla.
"España es uno de los principales destinos turísticos en Europa, pero la regulación española actual impone formalidades administrativas suplementarias a los jubilados comunitarios que pueden necesitar medicamentos durante una estancia temporal", resaltó Spidla.
La legislación comunitaria exige que todos los ciudadanos comunitarios que visitan otro Estado miembro tengan el mismo acceso a la sanidad del que se benefician los residentes de ese país, según destacó el Ejecutivo comunitario.
La normativa española permite a los jubilados residentes obtener los medicamentos de forma gratuita. Sin embargo, los jubilados de la UE de turismo en España deben presentar un documento suplementario, expedido por sus instituciones nacionales de seguridad social, que certifique que reciben una pensión del Estado.
La respuesta de Sanidad
Según han explicado a elmundo.es fuentes de Sanidad, el Ministerio ya ha contestado a este dictamen motivado alegando que los jubilados extranjeros de vacaciones en España reciben el mismo trato que los jubilados españoles: en ambos casos hay que acreditar de forma válida la condición de pensionista.
"En el plano bilateral de relaciones entre dos países, el Ministerio se remite a lo que establecen los Reglamentos de Seguridad Social. El problema se da en los casos no cubiertos por esos reglamentos. En la actualidad, la Tarjeta Sanitaria Europea no permite esa acreditación porque no identifica la condición de pensionista, pese a que España ha pedido que se incluya ese campo. La Comisión dice que lo hará en el futuro", aseguran estas mismas fuentes.
El Ministerio sostiene que cuando la Comisión cumpla lo que dice "actuaremos en consecuencia". Para el departamento que dirige Bernat Soria, lo que está sucediendo es que en muchas ocasiones la acreditación que presentan los jubilados extranjeros es de dudosa validez: "La fotocopia de un documento a menudo ilegible y en idiomas con frecuencia ininteligibles no bastan para acreditar de forma válida la condición de pensionista".
La Comisión, por su parte, cree que esto vulnera la legislación comunitaria y constituye una discriminación respecto de los jubilados comunitarios que van de vacaciones a España. Además, la obligación de presentar un documento suplementario contradice los principios de la tarjeta sanitaria europea, que tiene como objetivo simplificar los procedimientos para las personas que viajan por Europa.
Quejas de las comunidades
Cada país de la UE tiene una cartera de servicios diferente, algunas muy amplias, como la de España, y otras que sólo cubren lo más básico. Ante esta situación, varias comunidades autónomas han reclamado compensaciones para hacer frente al coste que genera en cada territorio la atención a los turistas.
España cuenta con acuerdos bilaterales con los países extranjeros para ofrecer estas prestaciones. Consisten en que la Seguridad Social ofrece al extranjero lo que necesita y luego la factura la pasan a los países de origen del individuo, que es el que finalmente paga. En el caso valenciano, por ejemplo, la Consejería señala que sólo ha recibido cuatro millones en este concepto, aunque Sanidad afirma que se han desembolsado 97,6 millones (datos de 2007, los últimos disponibles)para atender a los extranjeros residentes. Y no es la única que se ha quejado porque la financiación no llega; Baleares, por su parte, factura alrededor de cinco millones de euros por la asistencia a turistas.
El derecho de los pacientes a recibir tratamiento en cualquier Estado miembro sin necesidad de autorización previa ya ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diversas sentencias desde 1998. Aunque según el ejecutivo apenas representa el 1% del gasto sanitario total.