Las personas con discapacidad ya pueden acceder a la carrera judicial con plenas garantías

El Boletín Oficial del Estado publica hoy un Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad a la carrera judicial. La disposición, de rango reglamentario, modifica la normativa de ingreso en la carrera judicial para garantizar el acceso con plenas garantías de las personas con discapacidad.
Según la nueva norma, las personas con discapacidad tendrán derecho a que las oposiciones y concursos de ingreso en la Carrera Judicial se desarrollen con respeto a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, en las condiciones reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento publicado hoy.


Los anteriores principios serán asimismo aplicables en las pruebas de promoción y especialización de los miembros de la carrera judicial, cuando participen en ellas personas con discapacidad.
Asimismo, se prevé que en las oposiciones y concursos, pruebas de promoción y especialización de los miembros de la carrera judicial, cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios para su realización, cuando fueren precisos para asegurar su participación en condiciones de igualdad.
Desde el año 2003, en que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, existe una reserva del 5% en favor de personas con discapacidad para acceder a la carrera judicial, pero hasta ahora no se había regulado detalladamente esta medida de acción positiva.
El Cermi ha participado con aportaciones y sugerencias dirigidas al Consejo General del Poder Judicial en la elaboración de esta nueva norma, que abre oportunidades para que más personas con discapacidad puedan ingresar en la carrera judicial y normalizar así su presencia en las funciones jurisdiccionales.
El Cermi es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.