El Parlamento Europeo pide más ayuda para las mujeres con discapacidad y sus cuidadoras

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por amplia mayoría el informe de la eurodiputada del PP, Esther Herranz, sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la UE, en el que se reclaman ayudas y políticas específicas para estas personas, así como para aquellas que les atienden, que en la mayoría de los casos son también mujeres.Este es el primer informe sobre este problema que realiza la Eurocámara y que en opinión de la eurodiputada del PP trata de llamar la atención de la Comisión Europea y de los Gobiernos para poner en marcha "medidas flexibles y un sistema de ayudas acorde a la heterogeneidad del colectivo de mujeres discapacitadas, que se puedan aplicar y adaptar a cada caso".El documento trata también de destacar el importantísimo papel que realizan las mujeres dedicadas al cuidado y la ayuda de las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad, así como la labor de las asociaciones implicadas en ello. En el informe se pide a los Gobiernos que adopten medidas para fomentar la integración en la sociedad de las mujeres con discapacidad desde la infancia, a través de la educación, y en especial en la formación en nuevas tecnologías de información y comunicación, que hasta ahora han sido una herramienta fundamental para la integración de los discapacitados.Entre las otras medidas que propone el informe figuran la eliminación de las barreras a las que tienen que hacer frente estas personas, no sólo en el urbanismo la vivienda o los transportes, sino también en el acceso al empleo, financiando servicios innovadores para su asistencia personal que permitan a las mujeres discapacitadas llevar una vida lo más independiente posible. El informe pide también a los Gobiernos que presten atención al colectivo de mujeres discapacitadas en los casos de violencia psicológica o física, toda vez que, entre los pocos datos disponibles sobre este colectivo, figura que el 80 por ciento de las mujeres con discapacidad son víctimas de actos de violencia psicológica o física y que el riesgo de que sean víctimas de actos de violencia sexual es tres veces mayor.El documento, en definitiva, trata de sensibilizar a la opinión pública y a los responsables gubernamentales de que es necesario un esfuerzo político y de recursos para que el principio de la no discriminación y la igualdad de oportunidades sean una realidad también para este colectivo hasta ahora olvidado, así como a las personas que se ocupan de él.