dimecres, 6 d’octubre de 2010

El recorte en dependencia recaerá en infraestructuras, no en prestaciones


El secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, aseguró en el Congreso de los Diputados que el recorte presupuestario del 5,2% que sufrirán las políticas de dependencia en 2011 afectará a aspectos como infraestructuras, gestión de sistemas o personal, entre otros, pero nunca a las prestaciones destinadas a los ciudadanos.


"Los ciudadanos que se benefician de prestaciones de la ley de dependencia no tienen de qué preocuparse porque van a seguir recibiéndolas", insistió Moza en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Cámara Baja, donde compareció para informar de las previsiones presupuestarias de su departamento para el año que viene.

En su intervención, el secretario general de Política Social recordó que el dinero que el Gobierno destinará en 2011 a dependencia ascenderá a 1.498,44 millones de euros, 82 millones menos que en 2010, cuando el montante fue de 1.581 millones de euros.

Del mismo modo, Moza incidió en el hecho de que el calendario de implantación de la norma de la dependencia se mantiene como estaba previsto con la incorporación de las personas dependientes de Grado I, las más leves, en enero de 2011.

El representante del Ministerio de Sanidad detalló que el dinero previsto para el llamado nivel mínimo de la atención a la dependencia, el que el Gobierno destina a cada dependiente, ascenderá en 2011 a un total de 1.134 millones de euros y se ha presupuestado en relación a la previsión de beneficiarios para 2011.

En cualquier caso, matizó, "nuestras previsiones son conservadoras y si durante el año próximo se rebasaran nuestras previsiones, se incrementaría esa partida para cumplir con nuestra obligación legal de financiar el nivel mínimo".

En lo que respecta al nivel acordado, el que sufragan a partes iguales Gobierno central y CCAA, ascenderá el año que viene a un total de 233 millones de euros, lo que supone una reducción con respecto a 2010.

Esta reducción se debe, según Moza, a que se ha incrementado la capacidad económica de las CCAA porque el nuevo modelo de financiación autonómica incluye ya la dependencia y porque la reforma del IVA va a suponer para las CCAA unos 100 millones de euros.

También, concluyó, porque las medidas de recorte en dependencia adoptadas el pasado mes de mayo (retroactividad, pago aplazado) suponen una reducción del gasto, tanto para el Estado como para las CCAA.