Las familias que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad intelectual asumen, de media, un sobresfuerzo económico anual de 19.271 euros, derivado de costes de ortopedias, transporte, o copago de servicios y de la pérdida de horas de trabajo de los familiares.
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), con el patrocinio de Endesa y con la colaboración de Antares Consulting, presentado en Madrid.
Según explicó en rueda de prensa Ricardo Vals, de la citada consultora, para calcular el sobreesfuerzo económico al que tienen que hacer frente las familias con miembros con discapacidad intelectual a su cargo se ha tenido en cuenta, por un lado, el conjunto de costes de las horas de dedicación, los gastos añadidos en salud, desplazamientos, etc. y las pérdidas de oportunidades de empleo que conlleva.
Por otra parte, el trabajo ha considerado las ayudas y desgravaciones económicas que tienen las familias con miembros con discapacidad intelectual y ha hallado la diferencia entre los gastos y las subvenciones, conocidas como medidas compensatorias.
El informe señala que si para complementar el esfuerzo financiador de la administración, una familia con un miembro con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de él, debería abonarle por término medio 2,5 veces el salario mínimo interprofesional al mes, es decir, un total de 1.800 euros.
Para Feaps, estos datos "cobran mayor relevancia" en la actual crisis económica, ya que "demuestran la discriminación que algunas familias experimentan por el sobreesfuerzo económico que sobrellevan al tener en su seno un miembro con discapacidad intelectual".
Por este motivo, Javier Albor, director técnico del estudio y asesor de Feaps, señaló que si bien en España "se ha avanzado mucho en política social, no es suficiente, pues las familias siguen realizando un esfuerzo económico excesivo".
En este sentido, la confederación destacó las diferencias de prestaciones sociales por comunidades autónomas y confió en que el nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social permita avanzar en la armonización de estos servicios.
El informe divide a las personas con discapacidad intelectual en cuatro grupos, en función de su mayor o menor afección, y establece así que los que tienen un grado de discapacidad más leve soportan un coste anual de 11.920 euros, mientras que los más afectados asumen un sobresfuerzo de 35.507 euros al año.
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), con el patrocinio de Endesa y con la colaboración de Antares Consulting, presentado en Madrid.
Según explicó en rueda de prensa Ricardo Vals, de la citada consultora, para calcular el sobreesfuerzo económico al que tienen que hacer frente las familias con miembros con discapacidad intelectual a su cargo se ha tenido en cuenta, por un lado, el conjunto de costes de las horas de dedicación, los gastos añadidos en salud, desplazamientos, etc. y las pérdidas de oportunidades de empleo que conlleva.
Por otra parte, el trabajo ha considerado las ayudas y desgravaciones económicas que tienen las familias con miembros con discapacidad intelectual y ha hallado la diferencia entre los gastos y las subvenciones, conocidas como medidas compensatorias.
El informe señala que si para complementar el esfuerzo financiador de la administración, una familia con un miembro con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de él, debería abonarle por término medio 2,5 veces el salario mínimo interprofesional al mes, es decir, un total de 1.800 euros.
Para Feaps, estos datos "cobran mayor relevancia" en la actual crisis económica, ya que "demuestran la discriminación que algunas familias experimentan por el sobreesfuerzo económico que sobrellevan al tener en su seno un miembro con discapacidad intelectual".
Por este motivo, Javier Albor, director técnico del estudio y asesor de Feaps, señaló que si bien en España "se ha avanzado mucho en política social, no es suficiente, pues las familias siguen realizando un esfuerzo económico excesivo".
En este sentido, la confederación destacó las diferencias de prestaciones sociales por comunidades autónomas y confió en que el nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social permita avanzar en la armonización de estos servicios.
El informe divide a las personas con discapacidad intelectual en cuatro grupos, en función de su mayor o menor afección, y establece así que los que tienen un grado de discapacidad más leve soportan un coste anual de 11.920 euros, mientras que los más afectados asumen un sobresfuerzo de 35.507 euros al año.
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