dijous, 26 de juny de 2008

Andalucía inicia los trámites para aprobar la ley que regulará la muerte digna

La futura 'Ley reguladora de la dignidad de las personas ante la muerte' que prepara la Consejería Andaluza de Sanidad ya ha dado sus primeros trámites. La nueva norma permitirá que un paciente en situación terminal rechace el soporte vital avanzado o algún tratamiento que pueda prolongar su vida, y regulará también la llamada sedación paliativa.
La consejera del ramo, María Jesús Montero, confía en que el texto esté aprobado definitivamente "dentro del año 2009", ya que su intención es entregar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el borrador de la nueva ley durante el próximo mes de octubre. De aprobarse, sería la primera ley en España que establezca estas cuestiones ante la muerte ya recogidas en la Ley de Autonomía del Paciente.

Ayer, los 20 miembros del Comité Autonómico de Ética e Investigación empezaron a debatir la ponencia redactada por dos de sus vocales, Pablo Simón (especialista de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada) y el sacerdote Francisco Alarcos (miembro de la Cátedra Andaluza de Bioética). "Las aportaciones que salgan de este comité serán incorporadas al trabajo que ya estan realizando los expertos encargados de elaborar el borrador de la ley", aseguró la consejera.
El objetivo principal de esta iniciativa, como aclaró la titular de este departamento en rueda de prensa, es "reducir al máximo la variabilidad de interpretaciones" que se puede producir en este tipo de prácticas que ya se realizan de manera cotidiana en los hospitales. Quiso dejar claro que la comunidad autónoma tiene competencias para regular todos los aspectos relativos al proceso de atención para una muerte digna (reconocidos en la Ley de Autonomía del Paciente), a excepción "lógicamente" de los dos preceptos que el Código Penal tipifica como delitos: la eutanasia activa (mediante el suministro de fármacos u otras sustancias) y el suicidio asistido.
Cambiar la definición de eutanasia
En este sentido, la consejera anunció que una de las propuestas del comité de ética es recomendar a la Real Academia de la Lengua (RAE) que modifique el término eutanasia en sus diccionarios, para que quede claro que se trata de una accion "dirigida a causar la muerte de forma directa a petición de los pacientes"; algo que no contempla la norma andaluza. La actual definición habla de 'acción u omisión que, para evitar sufrimientos a pacientes deshauciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él'
Montero señaló que la ley regulará el acceso a la sedación paliativa terminal "para evitar el sufrimiento de estos pacientes"; el rechazo expreso a recibir un tratamiento si el paciente ha manifestado su deseo en este sentido previamente, la suspesión de la atención médica por muerte encefálica, la prohibición del encarnizamiento terapéutico o la regulación del proceso de toma de decisiónes de las personas que se encuentran en situación terminal.
Prácticas que, "ya se vienen realizando en los hospitales", pero respecto a las que la ley pretende "reducir la variabilidad de interpretaciones" y "otorgar mayor peso al paciente en las decisiones finales". Al tiempo que se ofrece al profesional sanitario un marco contextual en el que poder desenvolverse.
Otra de las cuestiones polémicas de este documento es la referencia a la posible objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. La consejera ya ha anunciado que se respetará la objeción a las diferentes prácticas que regule la ley por ser "un derecho legítimo", pero advirtió de que no será posible "una objeción generalizada a toda la norma".
"Con esta ley no se producirán debates como el que ocurrió con las sedaciones terminales del Hospital Severo Ochoa de Leganés y también se cerrarán las interpretaciones abiertas en casos como el de Inmaculada Echevarría, en Granada", concluyó Montero, quien quiso dejar claro que "el derecho a la dignidad ante la muerte no implica recibir todo tipo de atención y tecnología para mantener la vida biológica".