El Congreso exige aumentar un 25% el presupuesto para dependencia en 2008

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una resolución conjunta del PSOE, IU-ICV y BNG que exige al Gobierno un incremento no inferior al 25 por ciento para la atención a las personas en situación de dependencia en los Presupuestos para 2008, lo que supondría al menos 500 millones de euros. La resolución al Debate sobre el Estado de la Nación reclama de este modo un "mayor compromiso económico en los Presupuestos de 2008 para la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia".La dotación presupuestaria para 2007 era de 400 millones de euros, y la resolución compromete al Ejecutivo a aumentarla hasta al menos 500 millones, cifra que estaría por debajo de lo prometido en varias ocasiones por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien habló de "duplicar" el Presupuesto en 2008 y "triplicarlo" en 2009.El texto negociado por el PSOE, IU-ICV y BNG pide estudiar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia "la diferencia de costes de la prestación de los servicios para ampliar los criterios del reparto de fondos de financiación" del nivel acordado entre la Administración General del Estado y cada comunidad autónoma.Asimismo, esta resolución apuesta por "diagnosticar" dentro del Consejo "los procedimientos y recursos para agilizar los servicios y prestaciones previstos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia".El PSOE ha rechazado el resto de las propuestas de resolución presentadas por otros grupos parlamentarios, concretamente las de CiU y ERC, que reclamaban un fondo de 1.000 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan aplicar las disposiciones de la Ley de Dependencia.No obstante, los votos del PP permitieron que saliera adelante la de ERC, que exige la creación de un fondo extraordinario, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, de 500 millones de euros para sufragar los costes adicionales en el despliegue inicial de la ley.Esta aportación se distribuirá entre las comunidades autónomas en función del número de personas beneficiarias de la ley, y se sumará a otros 500 millones, en las cuentas del próximo ejercicio, también a repartir entre las comunidades para contribuir a igualar el coste de la prestación de los servicios contemplados en la ley a la realidad socioeconómica de éstas.