La ley que regulará la comunicación de las personas sordas podría aprobarse en junio

El portavoz de la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad del PSOE, Miguel Ángel Heredia, anunció ayer que la ley de lengua de signos y comunicación oral, que regulará la comunicación de las personas sordas, estará aprobada previsiblemente para el próximo mes de junio. En declaraciones a Servimedia, el diputado socialista informó de que en la ponencia de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso "se ha acordado el inicio de los trabajos", con el objetivo "de que la ley esté aprobada en junio en el Congreso", antes de remitir el texto para su tramitación en el Senado. Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, Miguel Barrachina, informó de que se han presentado un total de 321 enmiendas al texto en el marco de esta ponencia.Entre las de su grupo, destacó la que pide la creación de un título específico para las personas sordociegas, que propone la puesta en marcha, a través de convenios con las comunidades autónomas, de "al menos" dos centros de referencia que ofrezcan servicios residenciales nocturnos y diurnos, así como espacios informativos para niños y niñas sordociegos y sus familias.Además, el PP pone un plazo de seis meses para que se establezcan las titulaciones oficiales que se exigirán a los profesionales que enseñarán la lengua de signos. Finalmente, este grupo ha pedido también que se garantice la presencia de intérpretes de la lengua de signos en puertos, aeropuertos y estaciones de transporte "de tamaño considerable", sin la necesidad de que medie la solicitud expresa por parte de una persona sorda. "En términos generales", el diputado popular aseguró apoyar la ley, aunque lamentó que, a su juicio, se trata de una norma "demasiado ambigua". Esta normativa, que constituye una reivindicación histórica del movimiento asociativo representativo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, reconocerá la lengua de signos española como la lengua de las personas sordas en España que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.