El Congreso aprueba la reforma de la LOU

El Pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), con el voto en contra del Partido Popular, que sólo dio su apoyo a algunas enmiendas técnicas.Dichas enmiendas se refieren al régimen de convalidación y equivalencia entre los estudios universitarios y los demás estudios superiores (como los de FP de grado superior); a la accesibilidad para las personas con discapacidad (enmienda que apoyaron todos los grupos); a la mejora en las condiciones laborales y la jubilación anticipada voluntaria de los profesores de universidad; y a la supresión de incompatibilidades para que los docentes puedan participar en proyectos de investigación y patentes (beneficiándose económicamente de sus investigaciones, en lugar de "regalárselas" a una empresa).Por otro lado, una enmienda de CiU introducida en el dictamen fue votada en contra por el propio grupo "para evitar tensión social", y ante la oposición de la mayoría de los grupos. Dicha enmienda introducía la obligatoriedad de que decanos de facultad y directores de escuelas universitarias fueran doctores.Dado que la reforma obliga a todos los titulares de escuela universitaria (TEUs) a alcanzar el título de doctor, los TEUs que dirigen escuelas también serán doctores "a medio plazo". De ahí el rechazo general a la enmienda.La nueva LOU incorpora un nuevo proceso de selección del profesorado, basado en el currículo, en vez de basarse en un examen (la llamada "acreditación"). Además, organiza las enseñanzas universitarias en grados (de cuatro años), posgrados y másteres. También da más libertad a las universidades a la hora de autogestionarse y de configurar sus propias titulaciones, que no formarán parte de ningún catálogo oficial. Asimismo, elimina el Consejo de Coordinación Universitaria, dividiéndolo en dos órganos en los que estarán representados, de modo separado, las comunidades autónomas y los rectores. OPOSICIÓN DEL PPEl voto en contra del PP se debe a que este grupo considera que ésta es una ley "empedrada de engaños".Según el diputado popular Eugenio Nasarre, "la ley no contiene el menor compromiso en materia de financiación", sin lo cual "no se pueden tomar decisiones de envergadura". Según añadió, se concede un plazo de un año al ministerio para la concreción de la memoria económica, por lo que la aprobación del texto supone "lanzarse a la piscina sin agua y sin paracaídas y un regalo envenenado para universidades y comunidades autónomas".El PP está en contra del nuevo modelo de selección del profesorado. Tampoco aprueba la eliminación del catálogo de titulaciones y exige al ministerio que deje claro qué titulaciones serán las que tendrán directrices reguladas.Nasarre también arremetió contra el tratamiento que se da a las universidades privadas, porque "no se respeta su principio de libertad de organización"; contra el tratamiento que se da a los titulares de escuela universitaria (TEUs) y contra que los profesores adscritos a universidades públicas tengan la obligación de ser doctores antes e cuatro años.REFORMA DE GRAN CALADODesde el PSOE, la diputada Montse Palma defendió que ésta es una reforma "de gran calado" que fomenta la investigación, la movilidad del personal docente y la figura del estudiante (con la creación del Estatuto del Estudiante Universitario). Además, sostuvo que la reforma es fruto de un trabajo coral, ya que "hasta el PP ha votado a favor de casi el 50% de las enmiendas". Con respecto al voto en contra del Grupo Popular, Palma consideró que "el PP reclama ahora todo aquello que en la ley de 2001 no aparecía por ningún lado", y aseguró que "la habilitación del profesorado", es decir, el sistema de selección del profesorado del PP, se ha mostrado "totalmente ineficaz".La portavoz de CiU Mercè Pigem valoró, en su ponencia, la introducción de mejoras fiscales para optimizar la investigación. En concreto, las deducciones a empresas por donaciones a favor de universidades aumentan en un 5%, alcanzando un total del 40%. Además, los ayuntamientos bonificarán hasta el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles de organismos públicos de investigación y de enseñanza universitaria.Desde ERC, Laia Cañigueral afirmó que la antigua LOU nvadía las competencias autonómicas, y señaló que, en este sentido, el nuevo texto supone un avance. En la nueva LOU, "avanzamos a la toma de decisiones descentralizadas", a través de la creación de la Conferencia General de Política Universitaria (en la que estarán representadas las comunidades), la colaboración de la Aneca con las agencias autonómicas y el hecho de que sean las comunidades quienes desarrollen, ejecuten y controlen el sistema de becas.A este respecto, Cañigueral recordó a la ministra que una sentencia del Tribunal Constitucional incide en la necesidad de atender a las peculiaridades territoriales en la política de becas, para lograr una igualdad de oportunidades efectiva.También valoró la consideración de la realidad lingüística del Estado, ya que el texto promueve la enseñanza del euskera, el catalán y el gallego en las universidades de estas comunidades.Por su parte, la diputada de IU-ICV María Carme García valoró la creación de un Observatorio de las becas, a propuesta de su grupo, para mejorar la eficiencia y la transparencia mediante la realización de estadísticas y el seguimiento de la política de ayudas y becas.A su juicio, la reforma pretende normalizar y suprimir "lo más descabellado de la ley del PP del 2001", pero "nos hubiera gustado una reforma más amplia y mejorar lainsuficiente financiación pública".En nombre de EAJ-PNV, Aitor Esteban valoró la retirada del recurso contra la Ley del País Vasco del sistema universitario vasco y consideró que la nueva LOU "hace frente al reto europeo".Finalmente, Coalición Canaria señaló que la reforma combate la endogamia de las universidades a través de mecanismos más transparentes, y el BNG manifestó que "no incluye todo, pero es muy aceptable".