La Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) reivindicaron ayer su participación en la gestión de los servicios recogidos en la Ley de Dependencia y mostraron su preocupación porque estas prestaciones se "mercantilicen excesivamente" y se descuide con ello la atención de calidad a los beneficiarios del sistema.Cepes y Lares hicieron estas consideraciones en el marco de la primera jornada sobre "Gestión de Servicios de Dependencia", organizada por las ambas entidades en Madrid con el objetivo de que administraciones y beneficiarios debatan aspectos relacionados con el desarrollo de la norma sobre dependencia."Lamentaríamos que las necesidades de un colectivo social históricamente desatendido pudieran estar ahora cubiertas por intereses meramente lucrativos", declaró el presidente de Cepes, Marcos de Castro, en una rueda de prensa sobre la jornada. Para evitar esta situación, continuó, es necesario hacer ver a las administraciones públicas la importancia que tiene la participación de las empresas de economía social y del tercer sector en la gestión de los servicios de atención a la dependencia, porque además, subrayó, desde hace tiempo atienden directamente a personas dependientes.El presidente de Cepes indicó que con la apertura del nuevomercado generado con la Ley de Dependencia, la gestión privada por empresas mercantiles de los servicios de dependencia "está creciendo a tal ritmo que en la actualidad el peso del tercer sector en cuanto al número de centros residenciales es ya únicamente el 24%, frente al 32% que se mantiene en Francia y al 56% de Alemania".COHESIÓN TERRITORIALPor otra parte, tanto el presidente de Cepes como el de Lares, Salvador Pellicer, demandaron mayor cohesión territorial en el desarrollo de la Ley de
Dependencia, ya que, según dijeron, actualmente existe desequilibrio regional en aspectos relacionados con la inversión en atención a la dependencia y en precios residenciales, entre otros.En este sentido, Cepes y Lares indicaron que según un estudio que presentarán esta tarde en el marco de la jornada, el precio de una plaza residencial por persona y día oscila este año entre los 66,14 euros de Vizcaya y los 30,09 de Álava y Asturias.Por su parte, el secretario general de Cáritas, Silverio Agea, hizo hincapié en la necesidad de que el sistema de dependencia creado por la ley tenga en cuenta a las personas con más problemas de empleabilidad (parados de larga duración, mujeres y personas mayores de 45 años, entre otros colectivos), a la hora de crear puestos de trabajo.Del mismo modo, incidió en la importancia de que se cuente con la opinión de las personas dependientes y de sus familias a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con el desarrollo de la ley, así como de fomentar "las buenas prácticas" en todos los servicios que se presten a las personas dependientes.El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Ángel Rodríguez Castedo, pidió paciencia a todos los implicados en el desarrollo de la ley de dependencia, argumentando que crea un sistema de atención importante y que, como todos los sistemas, "llevará tiempo" ponerlo en marcha y conseguir que funcione a pleno rendimiento.En este sentido, Rodríguez Castedo demandó "pedagogía" a todos los implicados en el desarrollo de la norma para no crear falsas esperanzas a sus usuarios y hacerles creer que podrán beneficiarse de ella todos a la vez y en seguida.En esta misma línea, el director del Imserso señaló que hay que ser realistas y hacer ver a la sociedad que la ley es para las personas dependientes y no "un ómnibus en el que cabe todo el mundo". "Hay que ser posibilistas y cumplidores de la ley y no crear expectativas falsas", reiteró.Por su parte, el presidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, subrayó que dicha ley "supone el colofón a los desarrollos normativos" que definen, "de forma bastante adecuada, el marco regulatorio para las personas con discapacidad".No obstante, puntualizó, a este desarrollo normativo le quedan algunos flecos relacionados con el empleo y la educación de las personas con discapacidad.
La Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) reivindicaron ayer su participación en la gestión de los servicios recogidos en la Ley de Dependencia y mostraron su preocupación porque estas prestaciones se "mercantilicen excesivamente" y se descuide con ello la atención de calidad a los beneficiarios del sistema.Cepes y Lares hicieron estas consideraciones en el marco de la primera jornada sobre "Gestión de Servicios de Dependencia", organizada por las ambas entidades en Madrid con el objetivo de que administraciones y beneficiarios debatan aspectos relacionados con el desarrollo de la norma sobre dependencia."Lamentaríamos que las necesidades de un colectivo social históricamente desatendido pudieran estar ahora cubiertas por intereses meramente lucrativos", declaró el presidente de Cepes, Marcos de Castro, en una rueda de prensa sobre la jornada. Para evitar esta situación, continuó, es necesario hacer ver a las administraciones públicas la importancia que tiene la participación de las empresas de economía social y del tercer sector en la gestión de los servicios de atención a la dependencia, porque además, subrayó, desde hace tiempo atienden directamente a personas dependientes.El presidente de Cepes indicó que con la apertura del nuevomercado generado con la Ley de Dependencia, la gestión privada por empresas mercantiles de los servicios de dependencia "está creciendo a tal ritmo que en la actualidad el peso del tercer sector en cuanto al número de centros residenciales es ya únicamente el 24%, frente al 32% que se mantiene en Francia y al 56% de Alemania".COHESIÓN TERRITORIALPor otra parte, tanto el presidente de Cepes como el de Lares, Salvador Pellicer, demandaron mayor cohesión territorial en el desarrollo de la Ley de 
Dependencia, ya que, según dijeron, actualmente existe desequilibrio regional en aspectos relacionados con la inversión en atención a la dependencia y en precios residenciales, entre otros.En este sentido, Cepes y Lares indicaron que según un estudio que presentarán esta tarde en el marco de la jornada, el precio de una plaza residencial por persona y día oscila este año entre los 66,14 euros de Vizcaya y los 30,09 de Álava y Asturias.Por su parte, el secretario general de Cáritas, Silverio Agea, hizo hincapié en la necesidad de que el sistema de dependencia creado por la ley tenga en cuenta a las personas con más problemas de empleabilidad (parados de larga duración, mujeres y personas mayores de 45 años, entre otros colectivos), a la hora de crear puestos de trabajo.Del mismo modo, incidió en la importancia de que se cuente con la opinión de las personas dependientes y de sus familias a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con el desarrollo de la ley, así como de fomentar "las buenas prácticas" en todos los servicios que se presten a las personas dependientes.El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Ángel Rodríguez Castedo, pidió paciencia a todos los implicados en el desarrollo de la ley de dependencia, argumentando que crea un sistema de atención importante y que, como todos los sistemas, "llevará tiempo" ponerlo en marcha y conseguir que funcione a pleno rendimiento.En este sentido, Rodríguez Castedo demandó "pedagogía" a todos los implicados en el desarrollo de la norma para no crear falsas esperanzas a sus usuarios y hacerles creer que podrán beneficiarse de ella todos a la vez y en seguida.En esta misma línea, el director del Imserso señaló que hay que ser realistas y hacer ver a la sociedad que la ley es para las personas dependientes y no "un ómnibus en el que cabe todo el mundo". "Hay que ser posibilistas y cumplidores de la ley y no crear expectativas falsas", reiteró.Por su parte, el presidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, subrayó que dicha ley "supone el colofón a los desarrollos normativos" que definen, "de forma bastante adecuada, el marco regulatorio para las personas con discapacidad".No obstante, puntualizó, a este desarrollo normativo le quedan algunos flecos relacionados con el empleo y la educación de las personas con discapacidad.
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