dimecres, 9 de maig de 2012

El Congreso pide al Gobierno un protocolo común para el diagnóstico de la fibromialgia

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a elaborar un protocolo común de actuación frente al diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia, una enfermedad que afecta en España al 2,7% de la población. La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, salió adelante con una enmienda transaccional que pide también que se desarrolle el protocolo de actuación confeccionado para los médicos del Instituto de la Seguridad Social en febrero de 2010 para que puedan llevar a cabo una valoración funcional adecuada y homogénea de los pacientes de fibromialgia y definir así los mecanismos pertinentes que lleven al reconocimiento de la enfermedad como "incapacitante". Finalmente, la propuesta aboga por elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas y los pacientes, programas de información y sensibilización dirigidos a la población en general, y especializados para los profesionales sanitarios y enfermos en el manejo de su problema. En su reunión de hoy, la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja dio también luz verde a una proposición no de ley del PP, transaccionada posteriormente, que apuesta por impulsar la hospitalización domiciliaria desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, respetando las iniciativas existentes en las comunidades autónomas. También originaria del Grupo Popular es otra proposición no de ley aprobada en la Comisión de Sanidad de hoy que insta al Gobierno a presentar una propuesta a las comunidades que permita la coordinación interautonómica de los cribados poblacionales y que asegure la existencia de registros nacionales "fiables". En la misma reunión, la comisión de trabajo aprobó otra proposición no de ley del PSOE que pide al Gobierno que inicie los trabajos de desarrollo reglamentario de la Ley General de Salud Pública para extender, en el plazo de seis meses, la asistencia sanitaria pública a quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, como abogados, atendiendo, eso sí, "a la evolución de las cuentas públicas". Este desarrollo reglamentario debiera haberse hecho, como muy tarde, el pasado mes de abril, que es cuando se cumplía el semestre dado por la Ley de Salud Pública para llevarlo a cabo.