dijous, 15 de maig de 2008

Victoria para la medicación antialzheimer

El Instituto Nacional de la Salud y la Excelencia Clínica (NICE, sus siglas en inglés) de Reino Unido, la agencia que evalúa la eficacia y rentabilidad de los fármacos, productos y tratamientos médicos que sufraga el sistema de salud británico, recibió la pasada semana dos toques de atención a causa de las decisiones adoptadas por sus miembros. La primera se produjo a raíz del fallo que limita el acceso a los fármacos antialzheimer a pacientes en fases avanzadas de la dolencia, al considerar que su uso en los estadios iniciales no resulta rentable (su coste no compensa su eficacia clínica) al sistema sanitario. Un tribunal de apelación aceptó la reclamación de una de las compañías farmacéuticas afectadas (Eisai que, junto con Pfizer, comercializa el donepezilo) y falló la pasada semana que el NICE debe ser más transparente a la hora de tomar decisiones.

Tres magistrados señalaron al organismo que debía haber facilitado detalles sobre cómo realizó sus cálculos acerca de la relación coste-beneficio de este producto. El fallo judicial representa un tirón de orejas, pero no afecta a la decisión del NICE de limitar el uso de esta medicación. Sin embargo, el laboratorio podrá tener acceso a la información utilizada por la agencia para negarle la financiación pública y abre la puerta a que otras compañías afectadas hagan lo mismo.
El segundo traspiés se produjo en forma de un editorial, publicado el viernes 2 de mayo en la revista The Lancet, muy crítico con otra de las resoluciones de la institución. En este caso, el motivo de discordia es un anticuerpo monoclonal autorizado para el tratamiento de la artritis reumatoide, el abatacept.
El NICE concluyó el pasado octubre que no era coste-eficaz. En abril, rechazó una apelación del fabricante y de varias sociedades científicas y profesionales. La revista señala que el producto sí es efectivo para tratar la artritis severa que no responde a otras terapias (algo que le ocurre a un 30% de los pacientes) y reprocha a la agencia que tras su decisión haya exclusivamente razones de "política económica", ya que la terapia es más cara que otras similares que sí están financiadas.