Las personas ciegas y las que tengan una discapacidad visual podrán votar ya en las próximas elecciones generales de una forma más autónoma que hasta ahora, gracias a un decreto aprobado por el Consejo de Ministros que regula un procedimiento de votación para estas personas, con el objetivo de permitirles ejercer su derecho de sufragio, garantizándoles el secreto del voto.
Este procedimiento se aplicará en las elecciones a Cortes Generales y al Parlamento Europeo, así como a las consultas directas al electorado (referéndum). Del mismo modo, se pondrá en práctica en las elecciones a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.En principio, esta fórmula no será de inmediata aplicación para las elecciones locales, "debido a la mayor complejidad y diversidad que caracterizan este tipo de elecciones", por lo que el Ejecutivo ha optado por diferir su regulación a una futura norma específica. Se consideran personas con discapacidad visual, a los efectos de este decreto, aquéllas que conozcan el sistema de lecto-escritura braille y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o sean afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). CÓMO SOLICITARLOQuienes deseen utilizar el procedimiento deberán comunicarlo al Ministerio del Interior desde el día de la convocatoria del proceso electoral, hasta el vigésimo séptimo día posterior a ella.El elector recibirá una confirmación de que su comunicación ha sido vista, que le habilitará para, el día de la elección, recoger la correspondiente documentación en la misma mesa electoral.Así, el presidente de la mesa entregará al votante el día de la votación un sobre en el que se indicarán, tanto en tinta como en sistema braille, las elecciones que se celebran y la fecha de votación. Dentro de ese sobre el votante encontrará: Unas instrucciones en braille, un sobre de votación igual que el que utilizan el resto de electores, un sobre, de nuevo en tinta y en sistema braille, por cada una de las candidaturas presentadas.Dentro de cada uno de los sobres de las candidaturas, se encontrará la papeleta de votación correspondiente a la candidatura indicada en el exterior para que el ciudadano pueda introducirla en el sobre ordinario. Para las elecciones al Senado, y a fin de adaptar el procedimiento al carácter abierto de las listas, el mencionado sobre contendrá una plantilla, con ventanas troqueladas, que se superpondrá a la papeleta ordinaria, para que el votante marque con una "X" su opción de voto. DIFUSIÓNCon el fin de difundir la aplicación de este nuevo procedimiento, el real decreto recoge la realización, por parte del Ministerio del Interior, de una campaña informativa que se emitirá gratuitamente en los medios de comunicación de titularidad pública.El texto establece, igualmente, "la existencia obligatoria en los locales electorales de un espacio concreto, accesible y adecuado que garantice la privacidad del elector, lo más cercano posible a la mesa electoral".El Ejecutivo prevé una utilización potencial por parte de unos quince mil electores con un coste de unos veinte euros por elector, lo que supone unos 300.000 euros que, sumados a los costes de publicidad y de información, así como de solicitud, sitúan la cifra en unos 600.000 euros por procedimiento electoral.
Este procedimiento se aplicará en las elecciones a Cortes Generales y al Parlamento Europeo, así como a las consultas directas al electorado (referéndum). Del mismo modo, se pondrá en práctica en las elecciones a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.En principio, esta fórmula no será de inmediata aplicación para las elecciones locales, "debido a la mayor complejidad y diversidad que caracterizan este tipo de elecciones", por lo que el Ejecutivo ha optado por diferir su regulación a una futura norma específica. Se consideran personas con discapacidad visual, a los efectos de este decreto, aquéllas que conozcan el sistema de lecto-escritura braille y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o sean afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). CÓMO SOLICITARLOQuienes deseen utilizar el procedimiento deberán comunicarlo al Ministerio del Interior desde el día de la convocatoria del proceso electoral, hasta el vigésimo séptimo día posterior a ella.El elector recibirá una confirmación de que su comunicación ha sido vista, que le habilitará para, el día de la elección, recoger la correspondiente documentación en la misma mesa electoral.Así, el presidente de la mesa entregará al votante el día de la votación un sobre en el que se indicarán, tanto en tinta como en sistema braille, las elecciones que se celebran y la fecha de votación. Dentro de ese sobre el votante encontrará: Unas instrucciones en braille, un sobre de votación igual que el que utilizan el resto de electores, un sobre, de nuevo en tinta y en sistema braille, por cada una de las candidaturas presentadas.Dentro de cada uno de los sobres de las candidaturas, se encontrará la papeleta de votación correspondiente a la candidatura indicada en el exterior para que el ciudadano pueda introducirla en el sobre ordinario. Para las elecciones al Senado, y a fin de adaptar el procedimiento al carácter abierto de las listas, el mencionado sobre contendrá una plantilla, con ventanas troqueladas, que se superpondrá a la papeleta ordinaria, para que el votante marque con una "X" su opción de voto. DIFUSIÓNCon el fin de difundir la aplicación de este nuevo procedimiento, el real decreto recoge la realización, por parte del Ministerio del Interior, de una campaña informativa que se emitirá gratuitamente en los medios de comunicación de titularidad pública.El texto establece, igualmente, "la existencia obligatoria en los locales electorales de un espacio concreto, accesible y adecuado que garantice la privacidad del elector, lo más cercano posible a la mesa electoral".El Ejecutivo prevé una utilización potencial por parte de unos quince mil electores con un coste de unos veinte euros por elector, lo que supone unos 300.000 euros que, sumados a los costes de publicidad y de información, así como de solicitud, sitúan la cifra en unos 600.000 euros por procedimiento electoral.
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