El Pacto Nacional por la Vivienda en Cataluña escucha a los discapacitados

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla; el consejero de Medio ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar; la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, y más de una treintena de agentes y actores relacionados con la vivienda firmaron ayer en Barcelona el Pacto Nacional por la Vivienda. Este es el primero de los cuatro grandes pactos propuestos por el presidente catalán y acordados con las diferentes fuerzas políticas parlamentarias. Los otros son inmigración, investigación e infraestructuras.La firma de este Pacto, previsto para un horizonte que va del 2007 al 2016, responde al convencimiento del Gobierno regional de "dar respuesta inmediata a la demanda creciente y a las necesidades ciudadanas en este ámbito". El Pacto supone un compromiso por parte de todos los sectores implicados, pero especialmente del Gobierno de la Generalitat, que es el que, en definitiva, "debe garantizar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía". El Pacto plantea acciones concretas que se estructuran en mejoras del acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes; de las condiciones del parque de viviendas; del alojamiento de las personas mayores y de las personas con discapacidad; prevención de la exclusión social residencial y garantía de un alojamiento digno y adecuado.Las proyecciones oficiales demográficas y de viviendas indican una media anual de formación de 40.000 nuevas viviendas, en los diez años del periodo 2007-2016. De estos, un 60% de los que biscan alojamiento necesitará algún tipo de apoyo público para poder acceder a una vivienda (240.000). Estas, sumadas a las 200.000 que actualmente ya necesitan de algún tipo de ayuda, dan un total de 440.000 personas susceptibles de ser beneficiarias de la política de vivienda los próximos 10 años. Con respecto a rehabilitación, actualmente 300.000 viviendas necesitan obras importantes de rehabilitación y, de estos, un 63% está ocupado por población que no puede hacer frente al coste de la realización de las obras. Es decir, que 200.000 hogares catalanes necesitan algún tipo de apoyo público por poder abordar proyectos de mejora, puesta al día o adaptación de sus viviendas. MOVILIDADLa movilidad es otro de los aspectos que recoge el Pacto, ya que afecta personas mayores y personas con diversidad funcional. En este sentido, los estudios indican que 90.000 viviendas en edificios de más de tres plantas no disponen de ascensor, y unos 100.000 ocupantes presentan la necesidad de obras de adecuación de sus viviendas por problemas de movilidad. Otro de los aspectos que evalúa el Pacto es el riesgo de exclusión social. Los estudios concluyen que en Cataluña hay actualmente 40.000 hogares encabezados por una persona mayor (de más de 65 años), que cuentan con ingresos anuales por debajo de 2,5 veces el Iprem y tienen dificultades para mantener la vivienda donde viven. La situación de exclusión social causada por la carencia de vivienda digna afecta 6.000 personas sin hogar, 10.000 personas mal alojadas (en vivienda no digna), y 10.000 personas en situación de hacinamiento o sobreocupación. En su conjunto, los objetivos que el Pacto se plantea están orientados a la consecución de suelo apto para construir viviendas con protección oficial, a la construcción de viviendas para jóvenes, y la mejora del acceso a la vivienda en general.