Una ley de "(in)Dependencia" que esclaviza

"El nuevo sistema promociona la dependencia, no la autonomía de las personas que viven en situación de "inDependencia". Con esta frase resume su postura el Foro de Vida Independiente -agrupación ciudadana de más de 700 personas, muchas de las cuales viven discriminadas por su situación de (in)Dependencia- tras el primer año en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Este colectivo ha realizado un detallado análisis sobre la aplicación de la ley, evidenciando un apabullante retraso en la implantación del sistema y la aplicación de diferentes criterios en las comunidades autónomas que dan lugar a nuevas desigualdades. La ley está siendo utilizada como "arma arrojadiza entre Comunidades Autónomas y Estado, si bien las heridas las han sufrido los ciudadanos".
El estudio realizado por el Foro de Vida Independiente deja constancia de que "no se ha adoptado ninguna medida para regular la figura del Asistente Personal", imprescindible para una vida autónoma e independiente. Asimismo, se constata la ausencia de asistencia tecnológica, la aplicación de unos baremos que dan unos resultados sorprendentes y erróneos y una inadecuada asignación de recursos públicos. Estas carencias derivadas de la aplicación de la ley no permiten a las personas que viven en situación de (in)Dependencia llevar una vida digna basada "principalmente en la igualdad de oportunidades y la no discriminación".
Ante esta desalentadora situación el Foro de Vida Independiente propone que la "ley sea revisada para adecuarse a lo establecido por el sistema de Derechos Humanos", "que los fondos sean destinados prioritariamente a la promoción de la autonomía personal de las personas y a su atención y que se regule, jurídica y laboralmente, la figura del asistente personal prevista en la ley.

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Cataluña creará una oficina para gestionar la dependencia

La Generalitat de Cataluña destinará 750.000 euros para la creación de una oficina que planificará y gestionará las actuaciones derivadas de la ley de dependencia y de servicios sociales de la comunidad.La oficina dependerá del área de tecnologías de la información y las comunicaciones del departamento de Acción Social y Ciudadanía, según informó el Gobierno regional. Desde el departamento de Acción Social y Ciudadanía se realizará el seguimiento de las actuaciones en Cataluña con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el control de calidad de los proyectos realizados.

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El presupuesto de la ley de dependencia se duplicará en el próximo ejercicio

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró el miércoles que, para el próximo ejercicio, los fondos para aplicar la Ley de Dependencia "prácticamente duplicarán" los aportados este año, y se mostró convencido de que las administraciones van a estar "a la altura de este desafío, y a aplicar correctamente la ley"Caldera se pronunció así en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una interpelación del portavoz de CiU en esta materia, Carles Campuzano, quien recalcó que los servicios sociales "no empiezan en 2007, llevamos cerca de 25 años de políticas públicas en esta materia", y esta ley "para muchas personas no va a suponer más servicios".Aseguró que, "más allá de discrepancias sobre arquitectura y filosofía de la Ley de Dependencia, y que resolverá el Tribunal Constitucional", su grupo "pretende desarrollarla de manera adecuada para responder a las expectativas de dependientes y sus familias". El portavoz de Asuntos Sociales de CiU trasladó a Caldera las "preocupaciones trascendentales" de su grupo, que empiezan por las "expectativas" que genera el discurso del Gobierno, y que, a su juicio, "difícilmente la ley puede terminar cumpliendo".En cuanto al compromiso presupuestario, dijo que es considerado "insuficiente" por las comunidades autónomas, también las del PSOE, y recordó lo estipulado en la Lofca y el Estatuto de Cataluña sobre la obligación de la Administración central de poner a disposición de las comunidades los recursos para hacer frente a los servicios que se les imponga.Denunció, además, que "la cuantía recibida por grandes dependientes no es suficiente para el asistente personal que se definió en la ley, y se ignora la realidad del coste de los servicios sociales en los distintos lugares".Por otro lado, se refirió a las "dificultades de relación con el conjunto de las CCAA", y avisó de que, "si la ley no se desarrolla con acuerdo de todos, no tendrá éxito", por lo que pidió un "esfuerzo de cooperación con todos los gobiernos autonómicos".No mejora la atenciónTambién criticó la "tentación del Gobierno de permitir la figura del cuidador personal donde lo más razonable sería un apoyo de los servicios sociales. Si la ley es sólo una paga, no sé si habrá valido la pena", apuntó el diputado de la federación nacionalista.Por último, defendió que la atención a la gran dependencia debe ser "universal y gratuita, pero con las cantidades de las que se habla, los grandes dependientes no van a ver mejorada la atención actual", y lamentó que "se sigue sin abordar los servicios socio sanitarios contempladas en la Ley de Cohesión de la Sanidad".En su intervención para responder a esta interpelación, el ministro aseguró que esta ley es "un gran avance social, otra cosa son los problemas de puesta en marcha de una ley tan compleja", que es de carácter "universal, garantiza la atención a todos". Aseguró que "las cantidades se incrementarán de manera muy notable para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Dependencia, prácticamente duplicando las cantidades de este ejercicio". En cuanto a los cuidadores, recalcó que se va a "profesionalizar al máximo" su actividad para que tengan mayores derechos y formación especializada, y recalcó que la prestación económica es la excepción, porque lo habitual será la prestación de un servicio. Ley omnicomprensivaSubrayó que la Ley de Dependencia es "la respuesta a un reto, no sólo del envejecimiento, sería una visión alicorta", sino que es una norma "omnicomprensiva" que atiende a todas las situaciones de falta de autonomía personal. Caldera respondió, ante las críticas de Campuzano a las expectativas que levanta el Gobierno, que no es precisamente el Ejecutivo, sino la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que hace, "iba a decir propaganda, dejémoslo en información, de la Ley de Dependencia".El ministro abogó por una "verdadera promoción institucional de información a los ciudadanos, porque hasta ahora hay pocas peticiones", aunque en julio se podrá ver la "fotografía real" de los potenciales beneficiarios que han solicitado acogerse a las disposiciones de esta ley. Por último, Caldera insistió en que la ley necesita recursos, pero hay que "adaptarlos a la capacidad real de gasto", y aseguró que la gran mayoría de grandes dependientes, que antes no tenían servicios a su disposición, ahora los van a tener. "Es una ley que alcanza a todos, y de modo positivo", apostilló.

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La ley de dependencia cumple ampliamente las expectativas de la discapacidad

La Ley de Autonomía Personal "cumple ampliamente las expectativas del sector de la discapacidad", según declaró ayer el presidente del Cermi, Mario García, en un almuerzo informativo con los responsables de los principales medios de comunicación, con motivo del X Aniversario del Cermi.
Para García "la norma más importante de los últimos años en materia social" ha contado con el apoyo del CERMI para conseguir que sea "una norma de consenso" y aunque, según García, "ninguna ley resuelve el 100% de un problema, con esta norma se cubrirán muchas de las necesidades del colectivo".
En general, el presidente del Comité hizo una valoración positiva de lo conseguido en los últimos diez años por el sector de la discapacidad y aseguró que España está a la cabeza de Europa en materia legislativa sobre discapacidad. En este sentido, García pidió un "exhaustivo cumplimiento de las leyes".
En el encuentro también se habló de la accesibilidad en las viviendas. En este sentido, el secretario general del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, apuntó que, según estimaciones del Ministerio de Vivienda, en España, unos 800.000 edificios no tienen ascensor, "la prueba de que muchas personas con discapacidad se ven obligadas a vivir encerradas en sus domicilios por no se accesibles".
En este sentido, el presidente del Cermi manifestó que "los parámetros de accesibilidad se incumplen día a día "debido, en gran medida, a los criterios dispares de las diferentes comunidades". García recordó que incorporar la accesibilidad universal en el diseño "no implica ningún coste añadido, además las obras de reforma, en su mayoría, están respaldadas por subvenciones".
Accesibilidad en el transporte
En cuanto a la accesibilidad de los medios de transporte, Luis Cayo Pérez Bueno puso como ejemplo Madrid, "donde hace diez años no había ni un autobús adaptado y hoy más del 90% es accesibles". Según Pérez Bueno, "debemos ver la accesibilidad como una inversión y un requisito para cumplir derechos básicos para todos como acudir a la universidad o ir al trabajo."
En este mismo sentido, el secretario general del Cermi se refirió, como el presidente, a la disparidad de criterios en las legislaciones sobre accesibilidad en las comunidades autónomas. Apuntó la carencia de accesibilidad en el transporte interurbano, así como en la aviación civil, y destacó como positivo la flota urbana y el metro, donde se están realizando grandes inversiones para adaptar las nuevas instalaciones. En este sentido, Pérez Bueno recordó que uno de los asuntos pendientes es la escasez de eurotaxis o taxis adaptados.
Acceso a Internet
En cuanto al acceso a Internet para las personas con discapacidad, el secretario general del Cermi indicó que "ningún entorno es neutro para este colectivo y si no se les tiene en cuenta encontrarán barreras". Como indicó, por ley todas las páginas web públicas deberían ser totalmente accesibles desde enero de 2006, "cosa que se incumple reiteradamente".
Ahora, según se recoge en la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, además de las páginas web públicas, deberán tener la categoría AA (nivel aceptable de accesibilidad) también las páginas de algunas empresas de interés general (como los medios de comunicación) o aquellas a través de las que se puedan realizar transacciones económicas.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad, más de cuatro millones de personas, más sus familias, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.

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El Gobierno aprueba los servicios y prestaciones de la ley de dependencia

El Gobierno aprobó el viernes el real decreto que gestiona los servicios y prestaciones económicas incluidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Con este real decreto, que fue acordado por el Consejo Territorial de la Dependencia y dictaminado por el Consejo de Estado, se completa el desarrollo reglamentario básico de la Ley de Dependencia (baremo, financiación, Seguridad Social de los cuidadores familiares y servicios y prestaciones).Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con la aprobación de este decreto se pretende que "las prestaciones sean lo más personalizadas posible".Servicios y prestacionesEn 2007, primer año de aplicación de la ley, todas las personas evaluadas como grandes dependientes tienen garantizada la atención (se calcula que en España hay unas 200.000 personas en esta situación). Los servicios que recibirán estos ciudadanos y que se incluyen en el real decreto aprobado hoy son los siguientes: teleasistencia; ayuda a domicilio (entre 70 y 90 horas mensuales garantizadas para los casos más graves); plaza en un centro de día o de noche; y/o plaza de atención residencial.En caso de que no exista oferta pública del servicio que se requiera, las personas con gran dependencia podrán recibir una serie de prestaciones económicas para adquirirlo o para sufragar los cuidados en el entorno familiar.Concretamente, las cuantías acordadas para sufragar la prestación económica para que la persona pueda adquirir el servicio en el mercado privado ascienden a 585 euros y a 780, según se trate de un gran dependiente de nivel 1 o de nivel 2.Además, los familiares que cuidan a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no puedan varlerse por si mismas recibirán una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo del Estado.La Ley de Dependencia prevé la prestación del asistente personal, figura cuya misión es facilitar el acceso a la educación y al trabajo, y posibilitar una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las personas con gran dependencia. La cuantía para la contratación de un asistente personal para una persona catalogada como gran dependiente en el nivel 1 asciende a 585 euros, mientras que para la consierada como gran dependiente dentro del nivel 2 es de 780 euros.Acceso al sistema de dependenciaPara acceder al Sistema de Dependencia y a estos servicios y prestaciones, los ciudadanos deben solicitar una evaluación en los servicios sociales de su Comunidad Autónoma, a fin de determinar su grado y nivel de dependencia. La evaluación, que podrá llevarse a cabo en el domicilio del beneficiario, se realiza mediante el baremo en vigor.En caso de que la persona sea valorada como gran dependiente, recibirá una acreditación que tendrá validez en todo el Estado y los servicios sociales de su Comunidad Autónoma elaborarán un Programa Individual de Atención con los servicios o prestaciones que va a recibir.Los ciudadanos pueden informarse sobre sus derechos, los servicios y prestaciones de la ley en el Servicio Estatal de Información (teléfono gratuito 900 406 080), que ha recibido unas 200.000 llamadas desde su puesta en marcha.Fernández de la Vega recordó que este año las administraciones públicas destinarán un total de 821 millones de euros a la atención de las personas dependientes.

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El Gobierno destina 220 millones a las CCAA para financiar la ley de dependencia

El Consejo de Ministros acordó el viernes los criterios de reparto para destinar 220 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para la financiación de la Ley de Dependencia a lo largo de este año. Este fondo, que corresponde al nivel acordado del sistema de financiación de la ley, fue aprobado en la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia del pasado 9 de mayo. Según informó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las comunidades que más recibirán serán Andalucía, con más de 36.246.500 euros, Cataluña (32.393.400 euros) y Madrid (23.403.800 euros).Por su parte, la Comunidad Valenciana recibirá 21.277.800 euros; Galicia, 18.753.100; Catilla y León, 17.800.170; Castilla-La Mancha, 11.644.970; País Vasco, 9.555.780; Aragón, 8.380.320; Canarias, 7.709.600; Asturias, 7.171.800; Extremadura, 6.638.860; Murcia, 5.860.220; Baleares, 4.405.560; Cantabria, 3.384.470; Navarra, 3.223.900 y, finalmente, La Rioja, 1.633.430. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán, respectivamente, 266.657 y 249.418 euros. Para definir esta distribución, ya aprobada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se ha tenido en cuenta la estimación de personas grandes dependientes, la dispersión de la población, la superficie, insularidad y los emigrantes retornados de cada comunidad. De los 220 millones de euros, 20 se han distribuido según el nivel de renta para compensar a las regiones con menor riqueza.Además de esta cuantía, el Gobierno destinará este año a las distintas regiones hasta 250 euros mensuales por persona valorada como gran dependiente, en virtud del real decreto que regula el nivel mínimo de protección del Sistema de Dependencia y que se encuentra ya en vigor. Tal como establece la Ley de Dependencia, las comunidades aportarán la misma cantidad que les sea transferida."El objetivo", concluyó la vicepresidenta, "es que en los próximos meses los grandes dependientes reciban 1.014 euros mensuales", teniendo en cuenta el nivel mínimo acordado por Gobierno y comunidades autónomas.

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Gobierno y CCAA aprueban los servicios y prestaciones que recibirán los dependientes

El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron el miércoles los servicios y la cuantía concreta de las prestaciones económicas que recibirán este año las personas evaluadas como grandes dependientes, unas 200.000, según los cálculos del Libro Blanco de la Dependencia.Del mismo modo, en la reunión de hoy entre Ejecutivo y los responsables de las comunidades autónomas se informó de la inversión de 220 millones de euros que hará el Gobierno para financiar la puesta en marcha del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como de su reparto entre las distintas regiones, algo con lo que las autonomías gobernadas por el PP no están de acuerdo.ServiciosEl catálogo de servicios para las personas consideradas como grandes dependientes acordado incluye la prevención y promoción de la autonomía personal, la teleasistencia, la ayuda a domicilio (entre 70 y 90 horas mensuales garantizadas para los casos más graves), centros de día y de noche y atención residencial.En caso de que no exista oferta pública del servicio que se requiera, las personas con gran dependencia podrán recibir una serie de prestaciones económicas para adquirirlo o para sufragar cuidados en el entorno familiar.Concretamente, las cuantías acordadas para sufragar la prestación económica para que la persona pueda adquirir el servicio en el mercado privado ascienden a 585 euros y a 780, según se trate de un gran dependiente de nivel 1 o de nivel 2.Igualmente, el Consejo Territorial acordó que los familiares que cuidan a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por si mismas reciban una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo del Estado, en el caso de los grandes dependientes de nivel 2, y de hasta 390 más los 74 de la Seguridad Social, en el de los enmarcados en el nivel 1.Además, la ley de dependencia prevé la prestación del asistente personal, una figura cuya misión es facilitar el acceso a la educación y al trabajo, así como posibilitar una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las personas con gran dependencia. La cuantía para la contratación de un asistente personal para una persona catalogada como gran dependiente en el nivel 1 asciende a 585 euros, mientras que para la considerada como gran dependiente dentro del nivel 2 es de 780 euros.Según aseguró la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, a los medios de comunicación al término de la reunión, una vez que las personas hayan sido evaluadas por los equipos correspondientes y catalogadas como grandes dependientes, podrán solicitar estos servicios en sus comunidades, si así lo recomienda el Plan Individualizado de Atención (PIA) fijado en cada caso.FinanciaciónEn la reunión celebrada, el Gobierno informó a las comunidades del reparto de 220 millones de euros que hará el Ejecutivo este año entre las regiones y que se invertirá a través de convenios.En este punto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP mostraron su desacuerdo por considerar que salen "perjudicadas" y señalaron que así se lo han hecho saber al Gobierno a través de alegaciones formuladas por escrito.Si estas alegaciones no se estiman, "tendrán que entrar los servicios jurídicos", declaró a los medios de comunicación la consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza. En esta distribución se han tenido en cuenta criterios como el número de personas mayores y personas con discapacidad de cada comunidad, la estimación de grandes dependientes, la superficie o la insularidad. De los 220 millones, 20 se han distribuido según el nivel de renta para compensar a las comunidades con menor riqueza.En cuanto a la coparticipación de los beneficiarios, las comunidades autónomas deberán aplicar por el momento el copago que utilizan actualmente en sus servicios sociales.Para acceder al Sistema de Dependencia, los ciudadanos deben solicitar una evaluación en los servicios sociales de su comunidad para determinar su grado y nivel de dependencia. La evaluación, que podrá llevarse a cabo en el domicilio del beneficiario, se realiza mediante el baremo en vigor.

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Andalucía y Castilla-La Mancha, listas para la evaluacion de la dependencia

Las personas de Andalucía y Castilla-La Mancha que estén en situación de dependencia ya pueden solicitar que se les evalúe para ver si, efectivamente, se les considera beneficiarios de la ley de autonomía personal y en qué grado y nivel.Para esta evaluación, las citadas comunidades disponen ya del modelo de solicitud del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia, que entró en vigor el pasado sábado 28 de abril y determinará si el beneficiario será considerado gran dependiente, dependiente severo o dependiente moderado.El documento que los solicitantes tendrán que rellenar en Castilla-La Mancha, consta de cinco apartados: datos del solicitante (personales, sobre la situación de dependencia y relativos a su residencia); datos de convivencia; capacidad económica; otros datos referidos a si el posible beneficiario está siendo atendido en su domicilio actualmente y por quién; así como datos del representante legal, en caso de que lo haya. El texto de Andalucía recoge también apartados sobre el solicitante y su representación legal y sobre la convivencia.Según el decreto que regula el baremo que deberán utilizar todas las comunidades a la hora de valorar a las personas que lo deseen, el ciudadano recibirá una evaluación de hasta 100 puntos que le calificará como persona dependiente en los distintos grados y niveles de autonomía personal, que recoge desde la dependencia moderada o grado I (25-49 puntos), la dependencia severa o grado II (grado II: 50-74 puntos), a la gran dependencia o grado III (75-100 puntos). Cada uno de estos grados se divide, además, en dos niveles diferentes.

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Administraciones y beneficiarios analizan el desarrollo de la ley de dependencia

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) reivindicaron ayer su participación en la gestión de los servicios recogidos en la Ley de Dependencia y mostraron su preocupación porque estas prestaciones se "mercantilicen excesivamente" y se descuide con ello la atención de calidad a los beneficiarios del sistema.Cepes y Lares hicieron estas consideraciones en el marco de la primera jornada sobre "Gestión de Servicios de Dependencia", organizada por las ambas entidades en Madrid con el objetivo de que administraciones y beneficiarios debatan aspectos relacionados con el desarrollo de la norma sobre dependencia."Lamentaríamos que las necesidades de un colectivo social históricamente desatendido pudieran estar ahora cubiertas por intereses meramente lucrativos", declaró el presidente de Cepes, Marcos de Castro, en una rueda de prensa sobre la jornada. Para evitar esta situación, continuó, es necesario hacer ver a las administraciones públicas la importancia que tiene la participación de las empresas de economía social y del tercer sector en la gestión de los servicios de atención a la dependencia, porque además, subrayó, desde hace tiempo atienden directamente a personas dependientes.El presidente de Cepes indicó que con la apertura del nuevomercado generado con la Ley de Dependencia, la gestión privada por empresas mercantiles de los servicios de dependencia "está creciendo a tal ritmo que en la actualidad el peso del tercer sector en cuanto al número de centros residenciales es ya únicamente el 24%, frente al 32% que se mantiene en Francia y al 56% de Alemania".COHESIÓN TERRITORIALPor otra parte, tanto el presidente de Cepes como el de Lares, Salvador Pellicer, demandaron mayor cohesión territorial en el desarrollo de la Ley de Dependencia, ya que, según dijeron, actualmente existe desequilibrio regional en aspectos relacionados con la inversión en atención a la dependencia y en precios residenciales, entre otros.En este sentido, Cepes y Lares indicaron que según un estudio que presentarán esta tarde en el marco de la jornada, el precio de una plaza residencial por persona y día oscila este año entre los 66,14 euros de Vizcaya y los 30,09 de Álava y Asturias.Por su parte, el secretario general de Cáritas, Silverio Agea, hizo hincapié en la necesidad de que el sistema de dependencia creado por la ley tenga en cuenta a las personas con más problemas de empleabilidad (parados de larga duración, mujeres y personas mayores de 45 años, entre otros colectivos), a la hora de crear puestos de trabajo.Del mismo modo, incidió en la importancia de que se cuente con la opinión de las personas dependientes y de sus familias a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con el desarrollo de la ley, así como de fomentar "las buenas prácticas" en todos los servicios que se presten a las personas dependientes.El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Ángel Rodríguez Castedo, pidió paciencia a todos los implicados en el desarrollo de la ley de dependencia, argumentando que crea un sistema de atención importante y que, como todos los sistemas, "llevará tiempo" ponerlo en marcha y conseguir que funcione a pleno rendimiento.En este sentido, Rodríguez Castedo demandó "pedagogía" a todos los implicados en el desarrollo de la norma para no crear falsas esperanzas a sus usuarios y hacerles creer que podrán beneficiarse de ella todos a la vez y en seguida.En esta misma línea, el director del Imserso señaló que hay que ser realistas y hacer ver a la sociedad que la ley es para las personas dependientes y no "un ómnibus en el que cabe todo el mundo". "Hay que ser posibilistas y cumplidores de la ley y no crear expectativas falsas", reiteró.Por su parte, el presidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, subrayó que dicha ley "supone el colofón a los desarrollos normativos" que definen, "de forma bastante adecuada, el marco regulatorio para las personas con discapacidad".No obstante, puntualizó, a este desarrollo normativo le quedan algunos flecos relacionados con el empleo y la educación de las personas con discapacidad.

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